
Una comitiva fiscal y policial allanó una propiedad ubicada en el barrio San Antonio de Pedro Juan Caballero, donde constató la existencia de una conexión clandestina de energía eléctrica. Durante el operativo no fueron encontrados equipos de criptominería, aunque sí se incautaron varios conductores utilizados presuntamente para la sustracción irregular de electricidad.
El procedimiento se llevó a cabo el martes 17 de noviembre, entre las 18:30 y las 21:15, en un predio que cuenta con un depósito y varias viviendas, situado sobre la calle Juan E. O'Leary, entre Carlos Antonio López y Mariscal López.
La intervención estuvo encabezada por el agente fiscal Andrés Cantaluppi, en cumplimiento de una orden judicial firmada por el juez penal de garantías Juan Martín Areco Torraca. También participaron agentes de la Comisaría Segunda del barrio General Díaz, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y personal de Delitos Económicos.
Al llegar al inmueble, la comitiva fue recibida por el propietario, identificado como Junior Juárez Valerio Durex, de nacionalidad brasileña y 46 años. Ante la negativa inicial de permitir el ingreso, las autoridades procedieron a ejecutar la orden de allanamiento.
Con el acompañamiento de técnicos de la ANDE, quienes incluso tuvieron que romper parte de una pared para acceder a las instalaciones, se detectó una conexión irregular de media tensión. Como resultado, fueron incautados tres conductores de derivación trifásicos de 95 milímetros cuadrados y otros tres conductores de fase derivados de 50 milímetros cuadrados.
El comisario Pedro Sánchez, subjefe de la dependencia policial interviniente, explicó los resultados del procedimiento.
El jefe policial aclaró que no encontraron máquinas vinculadas a la criptominería, pese a que inicialmente se manejaba esa posibilidad. Sin embargo, confirmó la detección e incautación de elementos relacionados con la presunta sustracción de energía eléctrica.
Tras la intervención, técnicos de la ANDE procedieron al corte del suministro eléctrico del inmueble. Los materiales incautados fueron trasladados hasta la sede regional de la institución, donde quedaron a disposición de la unidad fiscal interviniente.
Por su parte, el propietario fue citado para comparecer ante el Ministerio Público y prestar declaración en el marco de la investigación.