La mujer se comunicó telefónicamente con Radio América 94.9 FM desde Brasil, donde relató su versión de lo ocurrido y anunció que recurrirá a la Justicia para exigir una investigación sobre los hechos que, según afirmó, sufrió durante su permanencia en dependencias policiales.
La detención de ambos ciudadanos se produjo durante un procedimiento de control. De acuerdo con los antecedentes verificados por las autoridades paraguayas ante la Policía brasileña, Fabio Celso Oberoli contaba con una orden de captura internacional emitida por el Juzgado de Ejecución de Santa Catarina.
Según los datos manejados en el procedimiento, Oberoli sería señalado como integrante y presunto líder del grupo criminal Primer Grupo Catarinense (PGP) y tendría pendiente una condena de 21 años de prisión.
Tras la verificación de sus antecedentes, se dispuso la expulsión de ambos ciudadanos del territorio paraguayo.
Tatiana Silva Ricarte aseguró que no posee cuentas pendientes con la Justicia y sostuvo que desconocía por completo los antecedentes judiciales de Oberoli.
Según su relato, había ingresado a Paraguay únicamente con fines comerciales y para realizar compras, sin conocer la situación judicial de su acompañante.
La ciudadana brasileña afirmó que durante su permanencia en la Comisaría de Mujeres fue mantenida durante la noche en un calabozo y que, según denunció, le exigieron el pago de 800 reales para permanecer en el lugar.
La acusación, de comprobarse, podría constituir una grave irregularidad, por lo que la denunciante manifestó su intención de recurrir a las autoridades competentes.
Ricarte también denunció el presunto robo de sus pertenencias. Señaló que, al día siguiente de su detención, revisó su equipaje en dependencias de la Comisaría de Mujeres y encontró que prácticamente todas sus pertenencias habían desaparecido.
De acuerdo con su versión, entre los objetos faltantes se encontraban ropas, calzados y artículos de valor, mientras que solamente quedaron algunas prendas destinadas a su hijo.
Ante lo ocurrido, Tatiana Silva Ricarte afirmó que no dejará el caso sin consecuencias y que pretende iniciar acciones judiciales contra los responsables de las presuntas irregularidades.
La mujer señaló que ya contrató a un abogado litigante en la ciudad de Pedro Juan Caballero, quien se encargaría de impulsar las acciones legales correspondientes.
Las acusaciones formuladas por la ciudadana brasileña constituyen, por el momento, su versión de los hechos y deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
