La Fiscalía General del Estado dispuso la reasignación de varios agentes fiscales en los departamentos de Amambay y Concepción, principalmente en las ciudades de Pedro Juan Caballero, Capitán Bado y Horqueta.
La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 3407, firmada este 8 de setiembre por el fiscal general del Estado, Emiliano R. Rolón Fernández. Según el documento, las modificaciones tienen como objetivo reorganizar la distribución de trabajo y atender la demanda de causas en las distintas unidades fiscales.
En la ciudad de Capitán Bado, el abogado José Luis Torres Peña asumirá como titular de las unidades Electoral, Civil, Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia.
En tanto, la abogada María Ester Giménez Villalba cumplirá funciones de manera interina en la Unidad Penal Ordinaria N.° 2.
Ambos fiscales reemplazarán en sus respectivos cargos a la abogada Sarita Bonzi García.
Tras su salida de Capitán Bado, Sarita Bonzi García será reasignada a Pedro Juan Caballero, donde asumirá como titular de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico N.° 1.
En dicha unidad reemplazará al abogado Celso René Morales Fernández.
La resolución también establece cambios en el departamento de Concepción. En la ciudad de Horqueta, el abogado Celso René Morales Fernández asumirá como titular de las unidades Penal Ordinaria N.° 1, Laboral, Niñez y Adolescencia, además de intervenir en denuncias relacionadas con maltrato animal.
Morales Fernández ocupará el lugar que deja José Luis Torres Peña.
Asimismo, la abogada Claudia María Huespe García asumirá como titular de la Unidad Civil y Comercial.
Como parte del proceso de transición, la resolución establece que los agentes fiscales involucrados deberán realizar un inventario completo de los casos que pasarán a las nuevas unidades.
El relevamiento deberá incluir el estado de las causas, las evidencias existentes y el lugar donde se encuentran depositadas.
La constancia de recepción del inventario deberá ser remitida a la Fiscalía General del Estado dentro de un plazo de ocho días, con el propósito de garantizar un traspaso ordenado de las investigaciones y la continuidad de los procesos.
