El ciudadano brasileño Paulo Antunes Schmidt, de 70 años, fue detenido alrededor de las 18:00 del martes 22 de septiembre, en el interior del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero, cuando se iniciaba una audiencia de juicio oral.
La medida fue ejecutada en cumplimiento de un oficio judicial firmado por los magistrados Librada Peralta, Marcelina Quintana y Mario Francisco Peralta. Tras su detención, Schmidt fue trasladado hasta la Comisaría Segunda y posteriormente llevado al Hospital Regional para una evaluación médica.
Una causa que involucra a 522 animales
De acuerdo con documentos incorporados al expediente, el origen de la causa está relacionado con 522 cabezas de ganado vacuno que fueron embargadas judicialmente el 28 de abril de 2017 por un oficial de Justicia.
El documento detalla que los animales estaban distribuidos de la siguiente manera: 146 vacas, 78 vaquillas, 34 novillos, 4 toros, 112 desmamantes machos, 80 desmamantes hembras y 68 terneros machos, totalizando 522 animales.
El escrito señala además que dicha cantidad de ganado figuraba en el stock correspondiente al establecimiento de Paulo Antunes Schmidt, conforme a los registros de vacunación remitidos por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) correspondientes al periodo comprendido entre el 22 de enero y el 15 de marzo de 2017.
El expediente también hace referencia a una Sentencia Definitiva N.º 109, de fecha 12 de agosto de 2022, dictada por el Juzgado Civil y Comercial del Primer Turno de Pedro Juan Caballero.
Según el documento, Schmidt fue condenado al pago de G. 16.448.405.400, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, dentro del proceso de ejecución de sentencia. En el mismo expediente fueron intimados Paulo Antunes Schmidt y Eliane Escobar Mereles para poner a disposición del juzgado las 522 cabezas de ganado que habían sido embargadas, con miras a la subasta correspondiente.
Uno de los puntos centrales que aparece en el escrito es la posterior imposibilidad de localizar los animales.
En una presentación realizada ante el juzgado el 25 de septiembre de 2024, Eliane Escobar Mereles manifestó que el compromiso relacionado con los animales había sido asumido inicialmente porque su suegro era entonces el encargado del establecimiento ganadero donde se encontraban depositados.
Según su declaración, posteriormente viajó a Brasil por cuestiones relacionadas con su embarazo y, al regresar, fue informada por los actuales encargados de que los animales ya habían sido trasladados del establecimiento y que no estaban autorizados a brindar mayores informaciones.
La mujer también señaló que acudió a una oficina regional de Senacsa, donde fue informada de que el establecimiento afectado, perteneciente a Paulo Antunes Schmidt, no registraba animales en ese momento.
El expediente incorpora además un informe de Senacsa, remitido al juzgado mediante la Nota N.º 1696, de fecha 25 de noviembre de 2024.
En dicho informe consta que durante el periodo de vacunación de 2017, entre el 27 de enero y el 15 de marzo, el establecimiento denominado Cerro Guey, a nombre de Paulo Antunes Schmidt, registraba las 522 cabezas de ganado mencionadas anteriormente.
Asimismo, durante el periodo de vacunación de 2023, entre el 21 y el 28 de junio, el mismo establecimiento registraba un stock de 535 animales, compuesto por 150 vacas, 200 vaquillas, 30 novillos y 155 toros.
Sin embargo, el informe señala que para el periodo de vacunación de 2024, entre el 22 y el 26 de marzo, el establecimiento Cerro Guey figuraba con cero animales en su cierre de periodo.
Estos antecedentes forman parte de la causa en la que Schmidt enfrenta cargos por desacato y depositario infiel, relacionados con la obligación de conservar y poner a disposición de la Justicia los animales que habían sido objeto de embargo.
Según manifestó el subjefe policial David Pereira, en declaraciones a Urundey 103.3 FM, la retención fue dispuesta durante la jornada judicial para asegurar la presencia del procesado y evitar que retornara nuevamente al Brasil.
Tras el procedimiento, Schmidt fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y permanece bajo custodia policial.
El caso tiene como elemento central el destino de las 522 cabezas de ganado que fueron objeto de embargo judicial y que, según los antecedentes incorporados al expediente, posteriormente dejaron de figurar en el establecimiento donde originalmente se encontraban.
