La resolución fue dictada por el juez penal de garantías del Segundo Turno de la Circunscripción Judicial de Amambay, Juan Martín Areco Torraca, quien analizó el pedido presentado el pasado 30 de julio por la familia del fallecido parlamentario.
La querella solicitó reabrir la investigación sobre la actuación policial durante el procedimiento realizado el 19 de agosto de 2024, que terminó con la muerte de Gomes. Entre sus argumentos, planteó la realización de una pericia y una junta médica sobre el dictamen elaborado por el médico forense.
Sin embargo, el Ministerio Público no acompañó el pedido ni promovió la reapertura de la investigación. Ante esta situación, el magistrado resolvió rechazar la solicitud, al considerar que la potestad de impulsar la investigación corresponde al órgano fiscal.
Areco Torraca explicó los fundamentos de su decisión y señaló que la Fiscalía, como titular de la investigación, debe ser la que solicite formalmente la reapertura de la causa.
«“Es el Ministerio Público como titular de la investigación quien debe considerar esa apertura y peticionar al juzgado. El juzgado dictó resolución no haciendo lugar a la petición”, manifestó el magistrado.»
Tras ser notificada de la decisión judicial, la defensa de la familia de Lalo Gomes presentó un recurso de apelación general.
El expediente será remitido al Tribunal de Apelación del Amambay, órgano que deberá analizar los argumentos de las partes y determinar si confirma o revoca la resolución dictada en primera instancia.
De esta manera, la posibilidad de reabrir la investigación queda ahora en manos del tribunal de alzada, mientras la familia del diputado sostiene su pedido de profundizar las pesquisas sobre las circunstancias que rodearon su muerte.
